El Pueblo Kichwa Karanki emitió un pronunciamiento público la noche del lunes 13 de octubre en el que denunció presuntos actos de represión por parte de las Fuerzas Armadas, en el contexto del ingreso del denominado “convoy humanitario” a la provincia de Imbabura.
Según el comunicado, los hechos ocurrieron luego del paso del convoy militar por territorio Karanki, mientras integrantes de la comunidad esperaban, de forma pacífica, la liberación de personas detenidas durante las jornadas de protesta.
“Los militares arremetieron contra la población sin provocación”, señala el documento, que describe el uso de gases lacrimógenos y agresiones físicas en contra de manifestantes que, aseguran, no estaban realizando acciones violentas en el momento de los incidentes.
De acuerdo con el testimonio del presidente del Pueblo Kichwa Karanki, Lenin Farinango, él mismo fue herido por el impacto directo de una bomba lacrimógena lanzada por efectivos militares. “El Estado busca intimidar a las autoridades indígenas. Hoy fui víctima de la brutal represión de las fuerzas armadas”, declaró Farinango.
La comunidad también reportó que varias mujeres resultaron gravemente heridas durante el operativo, aunque hasta el momento no se ha detallado el número exacto de personas afectadas ni se ha confirmado si hubo traslados a casas de salud.
En su comunicado, el Pueblo Kichwa Karanki rechazó lo que consideran una “persecución sistemática” del Gobierno nacional hacia los dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas. Asimismo, hicieron un llamado a los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, para que se mantengan vigilantes frente a los hechos registrados en la provincia.
Hasta el momento, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior no se han pronunciado sobre estas denuncias específicas. El Gobierno ha sostenido que el despliegue militar en Imbabura tiene como objetivo reabrir las vías y garantizar el ingreso de ayuda humanitaria en zonas que permanecen bloqueadas desde hace 23 días por las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.
La situación en la provincia sigue siendo tensa, con reportes de enfrentamientos esporádicos en Otavalo, Cotacachi y comunidades rurales. Organizaciones sociales han solicitado investigaciones independientes para esclarecer los hechos registrados durante el operativo militar.
