El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió, por voto unánime, la destitución por tercera ocasión del exjuez del cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas, J.E.R.M., quien en 2023 concedió medidas cautelares que devolvieron los derechos políticos al exvicepresidente Jorge Glas, pese a que este último mantenía sentencias ejecutoriadas.
La decisión disciplinaria se fundamenta en un informe que evidencia que, en 2023, el exjuzgador no solo restituyó los derechos políticos de Glas, sino que además ordenó notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se levantaran los impedimentos que le impedían ejercer cargos públicos. Asimismo, dispuso comunicar la medida al Ministerio del Trabajo, a fin de habilitar sus funciones en el sector público.
Contravención a la normativa constitucional
El Pleno determinó que el exjuez actuó al margen del marco jurídico vigente. Su resolución contravino lo dispuesto en el artículo 27, tercer inciso, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que prohíbe emitir medidas cautelares que interfieran en la ejecución de sentencias penales firmes.
Para la fecha en que emitió su resolución, Glas tenía sentencias ejecutoriadas por los delitos de asociación ilícita y cohecho, por lo que la decisión judicial no solo fue improcedente, sino que constituyó un error inexcusable, tipificado como falta gravísima en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Una sanción con efectos duraderos
Aunque el exjuez ya no pertenece al sistema judicial, la nueva destitución tiene un propósito jurídico relevante: garantiza que, si en algún momento intenta volver mediante una acción contencioso-administrativa o constitucional, deberá revertir todas las destituciones previas, no solo una. Esta condición dificulta su eventual retorno al servicio judicial.
