Warmi Imbabura, programa de la Prefectura Ciudadana de Imbabura, presentó los resultados de la Primera Encuesta Provincial sobre Violencia Basada en Género – Imbabura 2025, un estudio inédito a escala nacional que ofrece la radiografía más completa y representativa sobre las múltiples violencias que enfrentan las mujeres en los seis cantones de la provincia.
El estudio, desarrollado por la consultora Clima Social con el respaldo técnico y financiero de la Cooperación Alemana GIZ, constituye un hito metodológico y político al abordar la violencia desde un enfoque interseccional, intercultural y plurinacional, revelando brechas históricas y territorios que habían permanecido invisibilizados.
El evento de socialización, realizado en Ibarra, congregó a autoridades locales, academia, organizaciones sociales, liderazgos comunitarios y ciudadanía, consolidándose como un espacio decisivo para fortalecer políticas públicas de prevención, atención y reparación integral.
La encuesta revela que el 55,1 % de las mujeres encuestadas ha sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida.
Las tipologías más frecuentes son:
- Violencia psicológica: 41,7 %
- Violencia sexual: 32,6 %
- Violencia física: 19,2 %
- Violencia política: 8,4 %
- Violencia económica: 7 %
Los cantones con mayor prevalencia son Urcuquí (61,2 %), Antonio Ante (60 %) y Otavalo (56,2 %), evidenciando territorios críticos que requieren intervenciones urgentes.
En espacios educativos, el 64,6 % de agresores son pares varones, mientras que en el ámbito laboral el 52,1 % de mujeres ha sufrido violencia, principalmente por parte de clientes y jefaturas. La encuesta visibiliza además agresiones en mingas, cabildos, ferias y espacios públicos, donde mujeres indígenas y afrodescendientes identifican prácticas discriminatorias sistemáticas.
La encuesta también revela profundas inequidades:
- 83,6 % de mujeres no accede a seguridad social.
- Solo 7,6 % tiene empleo formal.
- 63,9 % vive en hogares de ingresos bajos o medio-bajos.
- Apenas 3,1 % logra generar ahorro.
La viceprefecta Paolina Vercoutere Quinche destacó que esta información “llena un vacío histórico y obliga a replantear las políticas públicas, especialmente en territorios rurales excluidos de los estudios nacionales”.
Para Sandra Túquerrez, lideresa de La Esperanza, este estudio “rompe el silencio de zonas donde aún persiste el miedo a denunciar”.
Santiago Pérez, director de Clima Social, resaltó la metodología bilingüe que permitió acceder a comunidades históricamente marginadas, levantando 2.601 entrevistas.
El prefecto Richard Calderón y la viceprefecta reiteraron el compromiso institucional de usar esta evidencia para fortalecer políticas de prevención y justicia territorial.
