En el Día Internacional de los Derechos Humanos, Ecuador reflexiona sobre una serie de hechos recientes que han expuesto fallas estructurales en la protección de la vida y la dignidad, especialmente de niños, adolescentes y comunidades indígenas y afrodescendientes. Organizaciones sociales, pueblos originarios y familiares de víctimas realizaron pronunciamientos en varias ciudades del país, exigiendo verdad, justicia y garantías de no repetición.
Uno de los casos más emblemáticos continúa siendo el de los cuatro niños de Las Malvinas, en Guayaquil, desaparecidos y posteriormente hallados sin vida en diciembre de 2024. De acuerdo con informes de organismos de derechos humanos, los menores de entre 11 y 15 años habrían sido retenidos por militares antes de aparecer calcinados, con signos de tortura. Actualmente, 17 uniformados enfrentan proceso penal por desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. A un año de los hechos, las familias piden al Estado reconocer plenamente su responsabilidad y acelerar los procesos judiciales que siguen en etapa de alegatos finales.
Otro hecho que conmocionó al país este año ocurrió en Macas, donde el cuerpo de una niña de 1 año y 3 meses fue entregado a su familia en una caja de cartón tras su fallecimiento en un hospital público. El caso derivó en la destitución de autoridades del centro de salud y en auditorías internas para determinar responsabilidades. Este hecho evidenció fallas graves en la atención a poblaciones vulnerables y en el trato digno que debe garantizarse en toda institución pública.
En el Paro Nacional de 2025, la violencia también dejó un saldo doloroso. Tres comuneros fallecieron durante las protestas: dos de ellos murieron a causa de la represión militar, según denunciaron organizaciones indígenas. El caso más estremecedor fue el de Efraín Fuérez, joven dirigente cotacacheño que recibió un disparo durante una jornada de protesta y, mientras agonizaba, fue agredido por miembros de las Fuerzas Armadas. Su muerte provocó indignación nacional y motivó pedidos urgentes de investigación independiente y sanción a los responsables.
El tercer fallecido se registró en la provincia de Loja, también en el contexto de movilizaciones, elevando la preocupación sobre el uso excesivo de la fuerza y la falta de protocolos adecuados para el control de manifestaciones.
En esta jornada conmemorativa, colectivos sociales sostienen que estos casos reflejan un patrón de violencia institucional y una deuda histórica del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos. Las organizaciones exigen avances reales en los procesos judiciales, reparación integral para las familias afectadas y reformas profundas a las fuerzas del orden y al sistema de salud público.
“El Día de los Derechos Humanos no es solo un recordatorio simbólico señalaron representantes comunitarios, es un llamado urgente para frenar la impunidad y construir un país donde la vida sea verdaderamente respetada”.
