El Gobierno de Ecuador formalizó la aplicación de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, medida que entrará en vigor el próximo 1 de febrero. La decisión ha generado una inmediata respuesta de Colombia, que anunció nuevos aranceles recíprocos y rechazó la reciente tarifa de USD 30 por barril impuesta por Quito para el uso de sus oleoductos por parte de petroleras colombianas.
La medida ecuatoriana, respaldada por decreto, busca según el Ejecutivo proteger la economía nacional frente al desequilibrio comercial y la falta de cooperación de Colombia en temas de seguridad fronteriza. El arancel afecta a una amplia gama de productos colombianos, incluidos alimentos, manufacturas y textiles.
Desde Bogotá, el Gobierno respondió con la ampliación de su propio arancel del 30 % a más de 40 productos ecuatorianos, al tiempo que calificó la tarifa impuesta por Ecuador al transporte de crudo como “arbitraria y contraria a los principios de integración regional”. Actualmente, Colombia transporta parte de su petróleo por los oleoductos SOTE y OCP de Ecuador hacia el Pacífico.
El conflicto comercial también ha escalado con otras medidas, como la suspensión del suministro de energía eléctrica de Colombia a Ecuador. Las cancillerías de ambos países no han concretado hasta ahora una reunión bilateral de alto nivel, pese a los llamados al diálogo.
Organizaciones empresariales y analistas regionales advierten que esta disputa podría tener efectos negativos en el comercio fronterizo, el empleo y la estabilidad económica de ambos países. Mientras tanto, se espera que los organismos regionales, como la Comunidad Andina, intervengan para mediar en el conflicto.
