En un espacio de análisis y debate de alto nivel, la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES) presentó una ambiciosa propuesta orientada a fortalecer estructuralmente el sistema judicial del Ecuador, durante el seminario “Desafíos Estructurales de la Justicia Ecuatoriana”.
El evento se desarrolló en la emblemática Fábrica Imbabura y reunió a jueces de la Corte Nacional de Justicia, autoridades académicas y representantes del ámbito jurídico, quienes analizaron las principales debilidades que enfrenta actualmente la administración de justicia en el país.
Uno de los anuncios más relevantes fue la propuesta de conformar un Comité Consultivo Académico, integrado por especialistas y expertos del sector, con la finalidad de impulsar reformas técnicas y sostenibles que permitan modernizar el sistema judicial ecuatoriano.
Entre las iniciativas destacadas se encuentra la creación de un Observatorio Permanente de la Justicia, que tendrá como misión examinar sentencias, tiempos procesales y tendencias jurisprudenciales. El objetivo será detectar fallas estructurales y plantear soluciones concretas basadas en evidencia técnica.
Asimismo, se propuso la implementación de un Laboratorio de Mejora Procesal, un espacio de trabajo colaborativo entre jueces y estudiantes para desarrollar planes piloto que permitan optimizar procedimientos, simplificar audiencias y reducir la mora judicial.
La universidad también planteó el diseño de protocolos modelo de resolución judicial, enfocados en mejorar la calidad argumentativa y la motivación de las sentencias. A esto se suman programas de formación continua para operadores jurídicos en áreas clave como oralidad, ética profesional, gestión judicial y nuevas tecnologías.
Otro eje estratégico será la investigación aplicada a problemáticas reales del sistema judicial, junto con el desarrollo de herramientas tecnológicas innovadoras que contribuyan a agilizar procesos y modernizar la administración de justicia.
La propuesta contempla además el impulso de métodos alternativos de solución de conflictos, el fortalecimiento de clínicas jurídicas universitarias y la evaluación técnica de futuras reformas legales.
