La decisión de un juez de inmigración en Mineápolis, el pasado 19 de marzo, de negar la solicitud de asilo al menor Liam Conejo y a su padre, Adrián, ha generado conmoción tanto en Estados Unidos como en Otavalo, de donde es originaria la familia.
El fallo judicial, emitido por el juez John Burns, determinó que el riesgo que enfrentan en Ecuador no cumple con los criterios establecidos para otorgar protección internacional. La resolución se produjo pese a la atención mediática que generó el caso, especialmente tras la difusión de imágenes del menor siendo retenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La familia, que se estableció en Minnesota, había recibido el respaldo de congresistas, autoridades educativas y miembros de la comunidad local, quienes calificaron la decisión como desproporcionada frente a la situación de vulnerabilidad que enfrentan.
Apelación y apoyo comunitario
Tras la negativa, la defensa legal presentó un recurso de apelación que, por el momento, suspende cualquier proceso de deportación. Sin embargo, la familia permanece en un escenario de incertidumbre jurídica mientras se resuelve el caso.
En Mineápolis, la comunidad escolar de Liam ha iniciado campañas de recaudación para cubrir los gastos legales. Paralelamente, en Otavalo, familiares y allegados siguen el proceso con preocupación, evidenciando el impacto emocional que el caso ha tenido en su entorno cercano.
Un reflejo de la migración ecuatoriana
El caso de Liam Conejo se ha convertido en un símbolo de la situación que enfrentan numerosas familias ecuatorianas, especialmente de sectores como Quichinche e Ilumán, que han optado por migrar en busca de mejores condiciones de vida.
La negativa del asilo ha reavivado el debate sobre las condiciones que impulsan la migración y el tratamiento que reciben los solicitantes en el sistema judicial estadounidense. Mientras continúan las gestiones legales, el caso mantiene la atención pública tanto en Ecuador como en la comunidad migrante en Estados Unidos.
