La Fiscalía General del Estado desarrollará el próximo viernes 8 de mayo la audiencia de formulación de cargos contra Guido Marcelo Perugachi Guandinango, dirigente indígena y excandidato vinculado a la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), dentro de una investigación por el presunto delito de paralización de servicio público durante las protestas registradas en Imbabura entre septiembre y octubre de 2025.
El proceso judicial ha generado expectativa en la provincia debido a las afectaciones que dejaron las movilizaciones en distintos sectores de Ibarra y otros cantones de Imbabura, donde se reportaron cierres de vías, suspensión de actividades y restricciones en varios servicios públicos.
Según la Fiscalía, las investigaciones apuntan a que Perugachi habría tenido participación activa en la convocatoria y continuidad de las protestas. Dentro del expediente constan partes policiales, reportes del ECU 911, versiones de testigos, informes periciales y documentación remitida por entidades públicas.
Fiscalía investiga presunta participación en protestas de 2025
De acuerdo con el expediente fiscal, el caso se sustenta en una serie de manifestaciones desarrolladas en distintos sectores de Imbabura. Las investigaciones señalan que grupos de manifestantes habrían obligado a comerciantes a cerrar sus negocios, bloqueado sectores estratégicos y afectado servicios públicos.
Uno de los hechos que forman parte del proceso ocurrió el 29 de septiembre de 2025, cuando cerca de 100 personas se movilizaron por las calles Sánchez y Cifuentes y Cristóbal Colón, en Ibarra. Según los reportes policiales, varios participantes cubrían sus rostros y portaban palos, banderas y pancartas.
La Fiscalía sostiene que agentes policiales identificaron a Perugachi durante una concentración desarrollada en el sector del Obelisco, donde presuntamente habría emitido mensajes para mantener las movilizaciones “hasta las últimas consecuencias”.
Las investigaciones también incluyen hechos registrados el 30 de septiembre en sectores como Los Ceibos, La Esperanza y los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. Según la versión oficial, comerciantes de esas zonas habrían sido presionados para cerrar sus locales.
Protestas en Imbabura dejaron afectaciones en agua potable y educación
Otro de los episodios incorporados al proceso judicial corresponde al 8 de octubre de 2025, cuando grupos provenientes de comunidades de Cotacachi, Antonio Ante y Otavalo llegaron a Ibarra para participar en nuevas jornadas de protesta.
Según la documentación presentada por Fiscalía, parte de los manifestantes habría utilizado vehículos con placas cubiertas para evitar su identificación. Además, se reportaron daños en redes de distribución de agua potable y líneas de conducción que abastecen a varios sectores del cantón Ibarra.
Las autoridades también registraron afectaciones a las actividades educativas, restricciones a la movilidad y complicaciones en la prestación de servicios públicos durante las jornadas de manifestaciones.
Delito de paralización de servicio público contempla hasta tres años de prisión
El delito investigado está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionado con la paralización de servicios públicos. Esta infracción contempla penas privativas de libertad de hasta tres años.
Como parte de la investigación, la Fiscalía incorporó informes de instituciones públicas como el Ministerio de Educación y la Empresa Municipal de Agua Potable de Ibarra, además de pericias técnicas y reportes policiales.
La audiencia prevista para el 8 de mayo permitirá a la Fiscalía exponer los elementos recabados dentro del proceso y solicitar el inicio formal de la instrucción fiscal contra el dirigente indígena.
