La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró la alerta amarilla preventiva en varias zonas del país ante la posible evolución del fenómeno de El Niño. La medida consta en la Resolución Nro. SNGR-117-2026, firmada el 18 de mayo, y aplica principalmente para territorios ubicados hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar.
La declaratoria abarca 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias, incluyendo zonas de Azuay, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pichincha e Imbabura. Las autoridades aclararon que esta alerta no significa que el fenómeno esté activo, sino que responde a una fase de preparación anticipada frente a posibles impactos.
La decisión se sustenta en informes técnicos nacionales e internacionales, así como en análisis del Comité ERFEN y de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos. Estos reportes evidencian condiciones océano-atmosféricas compatibles con una fase cálida, como el aumento de la temperatura del mar y la presencia de ondas Kelvin cálidas.
De acuerdo con las proyecciones, existe una probabilidad del 82% de que El Niño se desarrolle entre mayo y julio de 2026, con una posible permanencia hasta finales de año o inicios de 2027.
La Secretaría de Riesgos mantiene vigente el estado denominado “El Niño en observación”, dentro del protocolo nacional de monitoreo climático. Además, identificó que las zonas priorizadas coinciden con territorios históricamente afectados por inundaciones y deslizamientos durante eventos anteriores.
Como parte de la alerta, se dispuso la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y cantonales, así como la actualización de planes de respuesta y el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico.
También se ordenó reforzar los protocolos de evacuación preventiva, la movilización de recursos y la protección de la población en riesgo. Las autoridades exhortaron a los gobiernos locales a implementar campañas de información y preparación comunitaria.
Finalmente, la entidad reiteró que estas acciones buscan reducir riesgos y garantizar una respuesta oportuna ante posibles emergencias derivadas del fenómeno climático, priorizando la seguridad de la ciudadanía.
