
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) ratificó la suspensión de 20 días sin remuneración para una agente fiscal de la provincia de Imbabura, dentro de las resoluciones adoptadas este lunes 6 de julio de 2026 en el marco de varios procesos disciplinarios contra servidores judiciales del país.
De acuerdo con la resolución del organismo, la funcionaria identificada con las iniciales V.A.G.V. fue sancionada por presuntamente no haber comparecido a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro de una causa penal relacionada con tránsito.
La medida fue ratificada durante la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, que analizó diversos expedientes disciplinarios con el propósito de garantizar el correcto desempeño de los servidores judiciales y preservar la eficiencia e integridad del sistema de justicia.
En la misma jornada, el organismo suspendió por tres meses sin sueldo a un agente fiscal de la provincia de Manabí. Según el CJ, el servidor habría retirado de manera injustificada los cargos formulados contra un procesado por el delito de violación durante la etapa de juicio, pese a la existencia de elementos probatorios, entre ellos el testimonio de la víctima.
Asimismo, el Pleno dispuso la suspensión por tres meses sin remuneración de una jueza del cantón Sucre, en Manabí, al determinar que durante un año y tres meses no impulsó un proceso relacionado con un caso de homicidio, lo que permitió la prescripción de la acción penal.
Como parte de las resoluciones disciplinarias, el Consejo de la Judicatura también destituyó al secretario de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. El organismo señaló que el funcionario retuvo de manera injustificada una acción de protección y no la remitió a la Corte Constitucional dentro de los plazos establecidos.
El Consejo de la Judicatura indicó que estas decisiones forman parte del ejercicio de su potestad disciplinaria y buscan fortalecer la transparencia, la responsabilidad y el adecuado funcionamiento de la administración de justicia en el país.

