El Gobierno ecuatoriano busca reducir el consumo de energía ante la disminución sostenida de los niveles de agua en embalses estratégicos como Mazar. La estrategia apunta a preservar el recurso hídrico utilizado por las centrales hidroeléctricas y extender su capacidad de generación, al menos, hasta octubre.
Aunque las autoridades han insistido en que no están previstos apagones generales, el Ejecutivo puso en marcha una serie de medidas para disminuir la demanda eléctrica. Entre ellas consta un esquema de desconexión voluntaria dirigido a grandes consumidores industriales.
Según la información disponible, alrededor de 150 empresas de alto consumo fueron convocadas a desconectarse del Sistema Nacional Interconectado durante una jornada a la semana. Cerca del 90 % de estas industrias se encuentran en Guayaquil y Durán, mientras que el 10 % restante se distribuye entre Pichincha, Cuenca y Tungurahua.
Las compañías deberán coordinar el día en el que suspenderán temporalmente sus operaciones. La medida permitiría un ahorro estimado de alrededor de 35 megavatios diarios, aunque también ha generado cuestionamientos desde el sector empresarial por el impacto que podría tener sobre la producción y por la señal que envía sobre la capacidad del sistema eléctrico nacional.
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El empresario industrial Pablo Landázuri cuestionó la medida y sostuvo que evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura energética del país.
A esta estrategia se suma otra decisión con plazo hasta el 15 de diciembre. Para esa fecha, las empresas catalogadas como AV1 y AV2, consideradas entre las de mayor consumo eléctrico del país, deberán contar con planes y sistemas propios de generación.
De acuerdo con la planificación anunciada, una vez cumplido ese plazo, estas compañías serían desconectadas del sistema eléctrico nacional si no cuentan con mecanismos alternativos de abastecimiento.
Entre las opciones que analizan empresarios y Gobierno consta la contratación de barcazas de generación eléctrica que ya no mantienen contratos con el Estado. Esta alternativa podría ser utilizada por las industrias que no logren instalar sistemas propios antes de diciembre.
La preocupación por los embalses se mantiene en medio de un escenario en el que el Ejecutivo busca equilibrar la disponibilidad de agua para generación hidroeléctrica con la demanda del sector productivo y del resto del país.
