
La inconformidad de las comunidades indígenas de Otavalo por el cobro de la tasa de recolección de basura ha dado paso a un proceso de diálogo y elaboración de una nueva propuesta normativa. La organización CHIJALLTA FICI anunció su respaldo al Pueblo Kichwa Otavalo (PKO) para impulsar una reforma a la ordenanza de gestión integral de residuos sólidos del cantón.
La iniciativa surge después de las protestas protagonizadas por organizaciones kichwas, que cuestionan los valores cobrados, la metodología de cálculo y las diferencias en la prestación del servicio entre las comunidades rurales y la zona urbana.
Uno de los principales reclamos fue expuesto por Francisco Conterón, presidente del Pueblo Kichwa Otavalo, quien denunció casos de cobros de hasta USD 4.000 y la aplicación de tarifas a predios sin construcción.
Comunidades indígenas exigen revisar la ordenanza de basura
El conflicto se intensificó durante noviembre, cuando el Pueblo Kichwa Otavalo convocó una movilización para el miércoles 11, con el objetivo de exigir la derogatoria de la normativa vigente.
La protesta fue planteada como una acción comunitaria, sin participación de organizaciones políticas ni candidatos electorales.
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Los dirigentes consideran que el mecanismo de cobro debe revisarse para garantizar valores proporcionales y condiciones equitativas para las comunidades.
Otro cuestionamiento está relacionado con la frecuencia del servicio. Según Conterón, los vehículos recolectores no llegan a determinadas zonas rurales con la misma regularidad que a los sectores urbanos.

Municipio de Otavalo defiende el nuevo sistema de cobro
La alcaldesa Anabel Hermosa ha sostenido que la metodología responde a criterios técnicos y busca financiar la gestión integral de residuos sólidos, que incluye recolección, limpieza de espacios públicos, transporte y disposición final.
El nuevo mecanismo comenzó a aplicarse durante 2026, después de que se suspendiera el cobro de esta tasa mediante las planillas de energía eléctrica.
Según información difundida por la administración municipal, el cálculo considera factores relacionados con el impuesto predial, las características de los inmuebles, una tasa base y la actividad económica del contribuyente.
La directora municipal de Ambiente, Janina Carrillo, explicó que los terrenos rurales sin construcciones no deberían generar el cobro de esta tasa. También indicó que los ciudadanos pueden solicitar la revisión de valores que consideren incorrectos.
Esta explicación contrasta con las denuncias comunitarias sobre cobros a predios sin edificaciones, por lo que resulta necesario verificar cada caso.
CHIJALLTA FICI se suma a la elaboración de una propuesta
En este escenario, CHIJALLTA FICI anunció su acompañamiento al Pueblo Kichwa Otavalo en el proceso participativo de elaboración de una ordenanza reformatoria.
La organización sostiene que la propuesta debe considerar el pago justo por el servicio, la sostenibilidad ambiental, la salud pública y el desarrollo comunitario.
Para el 18 y 20 de noviembre estaban previstas reuniones y mesas técnicas entre representantes comunitarios y funcionarios municipales para analizar la documentación relacionada con la tasa. No se dispone todavía de información verificada sobre los acuerdos alcanzados.
¿Qué podría cambiar en la ordenanza de Otavalo?
El proceso plantea una discusión sobre la relación entre los costos del servicio, los valores cobrados y las condiciones reales de recolección en las comunidades.
La normativa municipal identificada como Ordenanza N.º 019-CMO-AH-2026 consta en el portal oficial del Municipio de Otavalo, con fecha 21 de abril de 2026.
Hasta el momento no se ha difundido un texto definitivo de la nueva propuesta ni existe información confirmada sobre una reducción general de tarifas.
La participación de CHIJALLTA FICI y el Pueblo Kichwa Otavalo abre una nueva etapa de discusión sobre un servicio público que ha generado cuestionamientos económicos y territoriales en el cantón.

