La Asamblea Nacional aprobó con 84 votos la reforma a la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, una normativa que introduce cambios estructurales en la gestión de las cárceles del país, entre ellos la obligación de que las personas privadas de libertad trabajen para cubrir sus necesidades.
La sesión del Pleno se desarrolló en la Universidad Católica de Cuenca, en una ciudad que alberga la cárcel de Turi, uno de los centros donde permanecen líderes de organizaciones criminales consideradas de alta peligrosidad en Ecuador.
¿Qué establece la reforma?
La normativa aprobada incluye varias medidas orientadas a enfrentar la crisis carcelaria:
- La implementación de un sistema de inteligencia penitenciaria.
- La reclasificación de la peligrosidad de los privados de libertad.
- Acciones para reducir el déficit de guías penitenciarios.
- La autorización del uso legítimo de la fuerza por parte de los custodios.
La capacitación, evaluación, aplicación de pruebas de confianza y rotación del personal de seguridad penitenciaria para prevenir actos de corrupción.
Además, la reforma busca fortalecer la institucionalidad del sistema y mejorar los procesos de rehabilitación social.
Desde la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, señaló que la reforma responde a una crisis estructural en el sistema penitenciario.
Indicó que el crimen organizado ha debilitado la institucionalidad, generando problemas como corrupción, desinstitucionalización del sistema y ausencia de rehabilitación. En ese contexto, sostuvo que la normativa permitirá recuperar el control estatal de las cárceles.
Sobre el trabajo de los privados de libertad, explicó que la medida busca que los internos puedan sostenerse durante el cumplimiento de sus penas y dar un sentido productivo a sus actividades.
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) votó en contra del proyecto. La asambleísta Jahiren Noriega calificó la propuesta como insuficiente y cuestionó su viabilidad.
Según indicó, sin presupuesto ni voluntad política, la reforma no tendrá efectos reales. Además, criticó la situación actual del sistema penitenciario, señalando que, de acuerdo con cifras de su bloque, en 2025 se han registrado alrededor de 500 fugas y más de 1.200 muertes en centros de privación de libertad.
Noriega también cuestionó la disposición sobre el trabajo de los presos, al considerar que el Estado aún no logra controlar las cárceles.
El debate se produce en medio de una crisis penitenciaria marcada por la presencia de bandas del crimen organizado dentro de las cárceles. Aunque el Gobierno ha dispuesto la intervención de las Fuerzas Armadas, la Asamblea considera necesario un marco legal más sólido para enfrentar el problema.
La aprobación de esta reforma marca un nuevo intento por reestructurar el sistema carcelario ecuatoriano, en un contexto de alta conflictividad y cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas de seguridad.
