La Asamblea Nacional del Ecuador aceptó las observaciones presentadas por el presidente Daniel Noboa a la Ley de Fortalecimiento Penitenciario y dispuso su envío al Registro Oficial para su entrada en vigencia.
Con 85 votos a favor, el Pleno se allanó a la objeción parcial por inconveniencia planteada por el Ejecutivo. El respaldo provino de la bancada oficialista ADN, sus aliados, el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik. En contraste, el correísmo votó en contra de la propuesta.
Medidas clave de la reforma penitenciaria
Según la bancada de ADN, la normativa introduce cambios orientados a reforzar el control en los centros de privación de libertad. Entre las principales disposiciones constan:
- Clasificación de internos según su nivel de peligrosidad
- Aislamiento de cabecillas de organizaciones delictivas
- Reubicación de reos para evitar influencia territorial
- Fortalecimiento de los sistemas de inteligencia penitenciaria
- Bloqueo de comunicaciones para impedir delitos desde prisión
Estas medidas buscan reducir la capacidad operativa de estructuras criminales dentro de las cárceles del país.
Cambios incorporados tras la objeción presidencial
El Legislativo detalló que la versión final incluye ajustes técnicos y jurídicos. Entre ellos:
- Definiciones más claras para el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, con el objetivo de garantizar uniformidad normativa
- Corrección de un conflicto de competencias: se retiraron funciones de planificación y política pública que el texto original asignaba a esa entidad, competencias que corresponden al organismo rector del sistema penitenciario
- Ampliación del derecho de impugnación de traslados
En este último punto, la reforma extiende este derecho a todas las personas privadas de libertad en situaciones específicas, como embarazo, lactancia, enfermedades catastróficas o raras, y casos que requieran atención psiquiátrica, cuando antes estaba limitado únicamente a personas sentenciadas.
Próximos pasos
Con la aprobación legislativa, el texto será remitido al Registro Oficial para su publicación. Una vez vigente, la ley formará parte del marco normativo con el que el Gobierno busca enfrentar la crisis de seguridad en el sistema penitenciario ecuatoriano.
