Jueza rechaza acción de protección contra nuevo pliego tarifario de agua en Ibarra

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra informó que la acción de protección presentada por un grupo de ciudadanos ibarreños en contra de la aplicación del nuevo pliego tarifario de agua potable fue rechazada por la justicia.

 

La audiencia se desarrolló este miércoles 20 de mayo de 2026 en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de Ibarra. Durante la diligencia, ambas partes expusieron sus argumentos y presentaron pruebas relacionadas con la actualización de tarifas implementada por la empresa pública.

 

En representación de EMAPA-I participó el director jurídico, Marco Nicolalde, quien explicó que, tras analizar los fundamentos presentados, la jueza resolvió negar la acción constitucional planteada por los demandantes.

 

El gerente de la empresa, Giovani Rivadeneira, señaló que la institución actuó conforme a las leyes vigentes y con apego a los principios de responsabilidad y transparencia. Indicó que los recursos obtenidos mediante el nuevo esquema tarifario permitirán ejecutar inversiones necesarias para ampliar y mejorar la cobertura del servicio de agua potable en el cantón.

 

Según Rivadeneira, la actualización tarifaria busca fortalecer el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, garantizar continuidad y calidad en el suministro de agua y desarrollar programas de responsabilidad social y cuidado ambiental.

 

El funcionario afirmó que la decisión judicial representa un avance importante para la ciudad, ya que permitirá concretar el plan de inversión proyectado por la empresa pública. Añadió que uno de los principales objetivos es mejorar el servicio en las partes altas de Ibarra, sectores que históricamente han presentado dificultades de abastecimiento.

 

Asimismo, sostuvo que la empresa continuará trabajando en proyectos destinados a fortalecer la infraestructura hídrica del cantón y garantizar un servicio eficiente para la población.

 

La acción de protección había sido impulsada por ciudadanos que cuestionaban la aplicación del nuevo pliego tarifario y sus posibles efectos económicos en los usuarios.

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