Desde el 24 de junio de 2026, Dayana Lizeth Cabezas Andrade asumió la Coordinación Zonal 1 de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, responsabilidad que abarca las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas.
La nueva autoridad zonal tiene la misión de dar continuidad a las estrategias institucionales orientadas a fortalecer la calidad de la atención al usuario, acercar los servicios registrales a la ciudadanía y garantizar el derecho a la identidad de todos los ecuatorianos en los territorios bajo su jurisdicción.
Dayana Cabezas es abogada de los Tribunales de la República del Ecuador, con formación complementaria en derecho penal y administrativo, gestión de procesos de contratación pública y técnicas de litigación. Su experiencia profesional incluye procuración judicial y asesoría jurídica en BanEcuador, asesoría legal en proyectos de mancomunidades impulsados por el Banco de Desarrollo del Ecuador, así como el ejercicio libre de la profesión.
“Es un verdadero honor formar parte de una institución comprometida con la mejora continua. Trabajaremos de manera articulada con las autoridades nacionales para consolidar al Registro Civil como un referente en atención al usuario, garantizando un servicio eficiente, oportuno y de calidad para la ciudadanía en cada uno de nuestros puntos de atención”, manifestó Cabezas Andrade.
Con esta designación, la Coordinadora Zonal 1 busca fortalecer la gestión institucional, impulsar la eficiencia operativa y asegurar que los ciudadanos puedan acceder de manera fácil y confiable a todos los servicios del Registro Civil, incluyendo cedulación, pasaportes, inscripciones de nacimiento y certificados electrónicos.
El nombramiento de Dayana Cabezas reafirma el compromiso del Registro Civil del Ecuador con la mejora continua, la atención cercana y de calidad, y la promoción del derecho a la identidad, consolidando la presencia institucional en la Zona 1 y ofreciendo servicios accesibles y eficientes para los habitantes de Imbabura, Carchi y Esmeraldas.
Esta gestión se enmarca dentro de la política del gobierno de fortalecer la cercanía con la ciudadanía, optimizar los procesos registrales y garantizar la protección de los derechos fundamentales de identidad en todo el país.
