Ocho investigaciones relacionadas con personas fallecidas o heridas durante las movilizaciones se desarrollan principalmente en Imbabura. Entre ellas constan los casos de Efraín Fueres y José Alberto Guamán, quienes murieron durante las protestas registradas en la provincia.
Casi un año después del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra el gobierno del presidente Daniel Noboa, la Fiscalía General del Estado informó a la Asamblea Nacional que mantiene 138 investigaciones penales relacionadas con las movilizaciones desarrolladas entre septiembre y octubre de 2025. De ese total, Imbabura figura como una de las provincias donde se concentran las investigaciones por personas fallecidas y heridas durante las protestas.
La información consta en una respuesta oficial remitida por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, que solicitó conocer el estado de las investigaciones iniciadas durante el paro nacional.
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Las movilizaciones comenzaron el 22 de septiembre de 2025, luego de que el Gobierno eliminó el subsidio al diésel, elevando su precio de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. La Conaie, presidida por Marlon Vargas, convocó a una movilización indefinida que se extendió por 31 días, con bloqueos de carreteras y manifestaciones concentradas principalmente en Imbabura, Pichincha y Carchi.
Aunque inicialmente la protesta se centró en el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, posteriormente incorporó otras demandas, como la reducción del IVA del 15 % al 12 % y la oposición a proyectos mineros. Frente a las manifestaciones, el Gobierno decretó estados de excepción, dispuso el despliegue de las Fuerzas Armadas y advirtió sobre posibles procesos penales contra quienes protagonizaran actos violentos.
Según el informe de la Fiscalía, con corte al 26 de junio de 2026, dentro del evento institucional denominado «Movilizaciones septiembre-octubre 2025», registrado en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF), existen 138 noticias del delito relacionadas con esos acontecimientos.
Imbabura concentra investigaciones por personas fallecidas y heridas
Uno de los aspectos que resalta el informe es que ocho investigaciones relacionadas con personas fallecidas, heridas o afectadas durante las movilizaciones se concentran principalmente en Imbabura, mientras que una corresponde a la provincia de Loja.
Entre esos procesos constan investigaciones por ataque o resistencia con resultado de lesiones, extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado de muerte o lesiones, además de delitos de lesiones y robo con violencia.
Dentro de esas investigaciones se encuentra el caso de Efraín Fueres, comunero indígena de 46 años y dirigente de la comunidad de Cuicocha, quien falleció el 28 de septiembre de 2025 tras recibir un impacto de bala en el sector del puente Ilumán, entre los cantones Cotacachi e Ibarra, durante las movilizaciones.
También es investigada la muerte de José Alberto Guamán, de 30 años, quien recibió un disparo en el pecho durante los enfrentamientos registrados en el cantón Otavalo. Tras resultar herido fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.
Las protestas tuvieron una fuerte incidencia en Imbabura, donde se registraron bloqueos en la vía Panamericana y otras carreteras estratégicas que conectan con las provincias de Pichincha y Carchi, generando interrupciones en la movilidad durante varias semanas.
Paralización de un servicio público lidera las investigaciones
El delito con mayor número de causas abiertas es el de paralización de un servicio público, con 66 investigaciones, seguido por daño a bien ajeno (15), secuestro (11), extralimitación en la ejecución de un acto de servicio (10), instigación (8), robo (6), terrorismo (4), ataque o resistencia (4), lesiones (2), incitación a la discordia entre ciudadanos (2), incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente (2) y paralización del servicio de distribución de combustibles (2).
Además, constan investigaciones por asociación ilícita, alteración de evidencias, tenencia de armas prohibidas, hurto de bienes policiales o militares, muerte culposa y receptación.
Fiscalía investiga posibles vulneraciones de derechos humanos
La Fiscalía también informó que abrió siete investigaciones de oficio por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, relacionadas con posibles vulneraciones de derechos humanos durante las protestas.
Estas investigaciones son desarrolladas por la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, creada en cumplimiento de la normativa que regula el uso legítimo de la fuerza. La institución señaló que durante las movilizaciones emitió directrices a las fiscalías provinciales para aplicar estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, dio seguimiento a denuncias de posibles vulneraciones y solicitó información al Ministerio de Defensa sobre las actuaciones de la fuerza pública.
Fiscalía no clasifica las investigaciones por condición de los procesados
En respuesta a un requerimiento de la Asamblea Nacional sobre cuántos dirigentes indígenas, líderes sociales o manifestantes están siendo investigados, la Fiscalía indicó que no registra ni clasifica la información según la condición social, política, étnica o de liderazgo de las personas, ya que esos datos no forman parte del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales ni de los elementos previstos en el Código Orgánico Integral Penal.
La institución también aclaró que no puede proporcionar detalles sobre diligencias, avances investigativos o posibles responsabilidades dentro de cada expediente debido a la reserva establecida en el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal, al tratarse de investigaciones que permanecen en curso.
