La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) rechazó la orden de prisión preventiva dictada contra el dirigente indígena Guido Perugachi y cuestionó que, según la organización, la decisión judicial se haya adoptado sin un adecuado diálogo intercultural y sin considerar las competencias de la jurisdicción indígena.
El pronunciamiento fue emitido este viernes 14 de agosto de 2026, luego de la audiencia en la que la jueza Mery Raquel Maza Puma dispuso prisión preventiva contra Perugachi, dentro de un proceso relacionado con las movilizaciones sociales registradas en 2025.
UNORCAC cuestiona actuación de la justicia ordinaria
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En su comunicado, la UNORCAC sostiene que durante el proceso sus representantes y autoridades indígenas solicitaron que se decline la competencia de la justicia ordinaria a favor de la jurisdicción indígena, al considerar que existirían elementos que deberían ser conocidos y resueltos por sus propias autoridades.
Según la organización, esta solicitud no fue atendida favorablemente. Además, asegura que previamente acudieron a espacios de coordinación para buscar una salida mediante el diálogo entre ambas jurisdicciones, pero cuestiona que este proceso no haya concluido antes de adoptarse la medida cautelar.
“El diálogo intercultural no puede ser utilizado únicamente como una formalidad para aparentar coordinación”, señala parte del documento.
Rechazan ingreso de fuerza pública a territorio indígena
Uno de los puntos más enfáticos del comunicado se refiere a una eventual ejecución de la orden de prisión preventiva. La UNORCAC manifestó su oposición al ingreso de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas u otros agentes estatales a territorio indígena para detener a Perugachi sin que exista, según su posición, un proceso previo de coordinación intercultural con las autoridades comunitarias.
La organización señaló que cualquier actuación estatal dentro de sus territorios debe respetar la autonomía, el derecho propio y los mecanismos constitucionales de coordinación entre la justicia ordinaria y la indígena.
Finalmente, la UNORCAC rechazó lo que considera una “criminalización” de dirigentes y miembros de comunidades indígenas por su participación en movilizaciones sociales y sostuvo que la prisión preventiva no debe utilizarse como un mecanismo de castigo anticipado.
“La justicia indígena no es una justicia de segunda categoría”, concluye el pronunciamiento.
