La Policía Nacional se pronunció este viernes 14 de agosto de 2026 después de que la Corte Provincial de Justicia de Imbabura revocara el sobreseimiento que favorecía a 18 personas procesadas por los hechos violentos registrados en el Comando de Policía de Otavalo durante el paro nacional de septiembre de 2025. La decisión dispone que los procesados sean llamados a juicio.
Según el comunicado institucional, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito resolvió la medida tras reinstalar la audiencia de apelación. La Policía señaló que los jueces determinaron que existirían elementos suficientes para que el caso avance a la etapa de juzgamiento.
La resolución modifica la decisión adoptada el 5 de junio de 2026, cuando un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Otavalo dictó el sobreseimiento de los 18 adultos procesados. Cuatro días después, el comandante de la Subzona Imbabura, Álex Reina, presentó una apelación y el 12 de junio el recurso fue admitido y remitido a la Corte Provincial.
Te puede interesar
El origen del caso
El proceso se inició por los hechos ocurridos el 22 de septiembre de 2025, durante las protestas convocadas contra la eliminación del subsidio al diésel. Ese día se produjeron graves incidentes en las instalaciones del Comando de Policía y de la Policía Judicial de Otavalo.
De acuerdo con los reportes de la época, fueron destruidos e incendiados vehículos y motocicletas y se registraron daños en las dependencias policiales. La Policía reportó además dos uniformados heridos y, inicialmente, 20 personas detenidas durante los disturbios.
Trece personas quedaron inicialmente procesadas por presunto terrorismo. El 24 de septiembre, durante la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, se ordenó prisión preventiva para 12, mientras una mujer recibió medidas alternativas.
La causa generó controversia desde sus primeras etapas. Una revisión periodística del acta de formulación de cargos señaló que los testimonios policiales describían la violencia ocurrida en el lugar, aunque cuestionaba la individualización de la presunta participación de los detenidos. Las defensas sostuvieron desde entonces que no existían elementos suficientes para vincular directamente a sus representados con los daños. (Diario Expreso)
De terrorismo a ataque y resistencia
Durante la instrucción fiscal, el proceso tuvo un giro. En noviembre de 2025, la Fiscalía solicitó reformular los cargos y los procesados dejaron de ser investigados por terrorismo para enfrentar la causa por ataque y resistencia, dentro de una investigación que también consideró los daños ocasionados a bienes públicos.
La Fiscalía argumentó entonces que las pericias practicadas durante la investigación justificaban el cambio de tipificación. Los daños en vehículos, motocicletas, maquinaria e infraestructura pública fueron estimados en más de USD 125.000. (Primicias)
En el transcurso de la investigación otras cinco personas fueron vinculadas, con lo que el número de adultos procesados llegó a 18. Once de quienes permanecían privados de libertad recuperaron su libertad el 24 de octubre de 2025 y continuaron sujetos a medidas alternativas. (LA HORA)
Sobreseimiento fue apelado por la Policía
El 5 de junio de 2026, el juez que conocía la causa resolvió sobreseer a los 18 procesados. Las defensas sostuvieron que, aunque estaba acreditada la existencia de los hechos violentos, no se había demostrado suficientemente la responsabilidad individual de las personas investigadas. (LA HORA)
Sin embargo, la Policía Nacional, en calidad de parte dentro del proceso, apeló esa resolución. El recurso abrió la posibilidad de que la Corte Provincial revisara la decisión de primera instancia.
Este 14 de agosto, según el nuevo comunicado de la institución policial, la Sala Penal de la Corte Provincial resolvió revocar el sobreseimiento y disponer el llamamiento a juicio de los 18 procesados.
La Policía Nacional acogió “favorablemente” la resolución y aseguró que continuará ejerciendo las acciones legales correspondientes para precautelar sus bienes e intereses institucionales.
Con esta resolución no se determina todavía la culpabilidad de los procesados. El caso pasa a una nueva etapa judicial en la que un tribunal deberá valorar las pruebas y argumentos de las partes y determinar si existe o no responsabilidad penal por los hechos ocurridos en Otavalo en septiembre de 2025. Hasta que exista una sentencia ejecutoriada, los procesados mantienen su presunción de inocencia.
