Imbabura articula acciones para mejorar atención en casos de violencia y vulneración de derechos

En el encuentro participaron Andrea Chica, directora provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura; Jorge Ortiz, gobernador de Imbabura, y representantes de las instituciones que forman parte de la Mesa de Justicia y Género

Autoridades e instituciones de Imbabura establecieron acuerdos para agilizar la atención a niñas, niños y adolescentes, fortalecer la coordinación frente a casos de violencia y unificar procedimientos relacionados con la recuperación de menores, durante la tercera Mesa de Justicia y Género desarrollada en la provincia.

La reunión se realizó como un espacio de coordinación interinstitucional entre entidades públicas y organizaciones sociales vinculadas con la atención y respuesta ante situaciones de violencia y vulneración de derechos.

En el encuentro participaron Andrea Chica, directora provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura; Jorge Ortiz, gobernador de Imbabura, y representantes de las instituciones que forman parte de la Mesa de Justicia y Género.

 

Justicia, Fiscalía, Salud y Policía coordinarán procedimientos

Entre los acuerdos establecidos consta el fortalecimiento de la coordinación entre el sistema de justicia, Fiscalía, Ministerio de Salud y Policía Nacional, especialmente en situaciones que involucren a niñas, niños, adolescentes y víctimas de violencia.

Las instituciones también acordaron trabajar en la unificación de procedimientos para los casos de recuperación de menores, con el propósito de mejorar la respuesta entre las entidades que intervienen en estos procesos.

Andrea Chica señaló que estos espacios buscan traducir la coordinación institucional en acciones y compromisos entre las entidades participantes.

Según el boletín institucional, la Mesa de Justicia y Género de Imbabura mantendrá una coordinación permanente para realizar el seguimiento de los acuerdos alcanzados y fortalecer los mecanismos de respuesta ante los casos que sean puestos en conocimiento de las instituciones.

El documento no detalla plazos específicos para la implementación de los acuerdos ni cifras sobre casos de violencia o vulneración de derechos atendidos en la provincia.

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