- El objetivo central es mantener firmes estos principios en la política pública del GAD Provincial de Imbabura, a través de la ejecución de programas y proyectos dentro de sus competencias, promoviendo la participación ciudadana para pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y campesinos, generando condiciones de igualdad y equidad que contribuya a la garantía y el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, sin discriminar a otros grupos poblacionales. Así Imbabura va en camino de convertirse en la primera provincia del país en generar una ordenanza que contribuye al pleno ejercicio de derechos colectivos.
El Consejo Provincial de Imbabura, reunido este miércoles, 10 de agosto de 2022, aprobó, en primer debate la Ordenanza para Transversalizar e Implementar el Enfoque de Plurinacionalidad e Interculturalidad en la Provincial de Imbabura. Es el primer paso que se da rumbo a la aprobación definitiva de este cuerpo legal que está en armonía con el mandato constitucional que reconoce y garantiza a pueblos y nacionalidades como sujetos de derechos colectivos, la obligatoriedad de las entidades estatales de garantizar sus derechos, bajo el principio de igualdad y no discriminación, en el marco de la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural y la importancia de reconocer no solo la diversidad sino generar y fortalecer políticas públicas que propicien la convivencia, interrelación e interacción equitativa y justa.
El proceso para encaminar esta iniciativa se deriva del mandato del Parlamento de Imbabura, que opera activamente en este territorio, bajo el Sistema de Participación Ciudadana. El 27 de octubre de 2020, en esta instancia se plateó la formulación de una ordenanza provincial relativa a los derechos de pueblos y nacionalidades, al igual que un mecanismo de implementación y seguimiento, como parte del ciclo de políticas públicas provinciales. Además, se consideró necesario trabajar en esta acción, en el afán de fortalecer la identidad de esta provincia, factor relevante para que sea considerada como Geoparque Mundial de la UNESCO.
La viceprefecta Cristina Males se empoderó de la propuesta y desde ahí no ha parado hasta lograr estructurar el proyecto que mereció la última revisión y ajustes, por parte de la Comisión de Legislación y Fiscalización de la Prefectura, el pasado 5 de agosto de 2022. “Debo agradecer a todos quienes se sumaron para respaldar el trabajo que debió hacerse en todo este tiempo. Es un avance importante que se ha logrado hacer para elaborar esta normativa que no es perfecta, pero es perfectible en todo su contexto. Considero que es un paraguas que articula la ejecución de las competencias en las que operan los gobiernos autónomos descentralizados de la localidad”, sostuvo la viceprefecta.
Mientras tanto, el titular de la Prefectura, Pablo Jurado, acentuó que la ordenanza surge como una necesidad de dar atención a los grupos prioritarios para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Esto significa crear normas que los protejan de discriminación e incorporar políticas públicas y planes de acción concretos para protegerlos, compensarlos y fortalecer su acceso a los derechos. “Además, consideramos imperativo atender el mandato ciudadano para garantizar los derechos individuales y colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y campesinas, a través de una ordenanza que transversalice el enfoque de plurinacionalidad e interculturalidad en la provincia de Imbabura”.
La elaboración de la propuesta de ordenanza se realizó con el apoyo del Programa Si Frontera de la Cooperación Técnica Alemana GIZ – Ecuador. Contó con la participación de personal técnico de la Prefectura, instituciones del Estado, Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, GAD cantonales y parroquiales, representantes de colectivos y organizaciones, de la academia e investigadores. En su estructura consta la exposición de motivos y considerandos, 7 capítulos en los que se detalla el objeto, ámbito y principios; presupuesto; planificación provincial; gestión institucional; Participación Ciudadana; coordinación multinivel, pueblos y nacionalidades; implementación, seguimiento y control; disposiciones reformatorias, generales, transitorias y finales. La aprobación final se dará en segundo debate.