El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó este 16 de junio de 2026 un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en varias zonas del país. La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 423 y tendrá una vigencia de 60 días.
El estado de excepción rige en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Además, incluye a los cantones La Maná, Las Naves y La Troncal.
Según el decreto presidencial, la decisión responde al incremento de hechos violentos vinculados a organizaciones criminales y al riesgo que representan las estructuras dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas, municiones y explosivos en varias regiones del Ecuador.
A diferencia de anteriores declaratorias, esta nueva medida no contempla toque de queda ni restricciones a la libre movilidad de los ciudadanos.
Sin embargo, el decreto dispone la suspensión de los derechos relacionados con la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia. Esto permitirá que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realicen allanamientos y otras intervenciones orientadas a combatir la delincuencia organizada y fortalecer las operaciones de seguridad.
El Gobierno también autorizó la requisición temporal de bienes y servicios de origen lícito que sean considerados indispensables para garantizar la continuidad de las operaciones de las fuerzas de seguridad durante la vigencia del estado de excepción.
La decisión se fundamenta en informes reservados del Centro Nacional de Inteligencia que alertan sobre el incremento de actividades criminales entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 2026. Entre los hechos analizados consta el asesinato de la fiscal de Manta, Alexandra Bravo, además de otros episodios violentos registrados en distintas provincias.
El decreto también identifica zonas con altos niveles de riesgo. En Quito, los distritos de La Delicia, Eloy Alfaro, Calderón y Quitumbe fueron catalogados como áreas de riesgo elevado. En Guayaquil, la clasificación incluye a Nueva Prosperina, Sur y Pascuales, mientras que Florida y Ceibos se mantienen en un nivel medio.
Con esta nueva declaratoria, el Gobierno de Daniel Noboa mantiene la estrategia de recurrir al estado de excepción como herramienta para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país y combatir el avance de las organizaciones criminales.
