Consejo de la Judicatura designó a Andrea Chica como nueva directora provincial de Imbabura

El Pleno del Consejo de la Judicatura designó a Andrea Estefanía Chica Campuzano como nueva Directora Provincial de Imbabura, durante la sesión ordinaria No. 105-2026, realizada el 30 de julio de 2026. Con este nombramiento, la institución busca fortalecer la gestión administrativa y judicial en la provincia.

 

La nueva autoridad es abogada de los Tribunales de la República por la Universidad Metropolitana y posee una maestría en Derecho con mención en Derecho Notarial y Registral, otorgada por la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES).

 

Según la información difundida por el Consejo de la Judicatura, Chica cuenta con 12 años de experiencia profesional en el ejercicio del Derecho, trayectoria en la que ha adquirido conocimientos en distintas áreas jurídicas. Además, ha desempeñado funciones directivas por más de cinco años en el sector público, experiencia que respaldó su designación al frente de la Dirección Provincial de Imbabura.

 

Tras asumir el cargo, la nueva directora manifestó que trabajará de manera coordinada con las autoridades, los servidores judiciales y los diferentes actores del sistema de justicia para fortalecer la gestión institucional y mejorar la atención a la ciudadanía.

 

«Asumo este desafío con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso con la ciudadanía. Trabajaré de manera articulada con las autoridades, servidores judiciales y demás actores del sistema de justicia para contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional en la provincia, promoviendo un servicio oportuno, transparente y de calidad, expresó Andrea Chica.

 

Con esta resolución, el Pleno del Consejo de la Judicatura también dio por terminado el encargo que venía desempeñando Jaime Alvear Flores, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, quien asumía de forma temporal las funciones de Director Provincial.

 

La designación forma parte de las acciones del Consejo de la Judicatura para fortalecer la administración judicial en el país y garantizar una gestión eficiente de los servicios de justicia.

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