En la sesión ordinaria N.º 105-2025, desarrollada este 27 de noviembre de 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) conoció un informe técnico emitido por la Subdirección de Control Disciplinario, en el que se detallan una serie de irregularidades detectadas en la tramitación y resolución de procesos disciplinarios en las provincias de Pichincha e Imbabura.
El reporte forma parte de una investigación nacional destinada a reforzar los mecanismos de control interno y garantizar que los expedientes disciplinarios contra servidores judiciales se tramiten conforme a la ley, sin omisiones ni decisiones arbitrarias.
Hallazgos en Pichincha
Entre el 2 y el 11 de junio de 2025, se revisaron 400 expedientes resueltos entre 2023 y 2025. Tras el análisis se determinaron:
- 17 casos resueltos inobservando la normativa vigente.
- 6 denuncias inadmitidas con irregularidades en su procedimiento.
- 16 procesos con falencias en la etapa investigativa.
Estas inconsistencias evidencian fallos en la tramitación y motivación de decisiones que debían regirse por parámetros disciplinarios claros y estrictos.
Irregularidades en Imbabura
En Imbabura, se realizó una revisión aleatoria de expedientes disciplinarios resueltos entre 2022 y 2024. El informe revela:
- 7 investigaciones con irregularidades en su tramitación y resolución.
- Casos con falta de motivación en sus resoluciones.
- Procedimientos disciplinarios concluidos sin seguir el debido proceso.
Acciones dispuestas por el Pleno
Frente a estos hallazgos, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso el inicio de sumarios administrativos para determinar responsabilidades individuales entre los servidores judiciales involucrados. El objetivo, según la institución, es corregir fallas internas, fortalecer los mecanismos de control y aplicar las sanciones correspondientes en estricto cumplimiento con la normativa vigente.
Estrategia nacional de depuración
Este proceso forma parte de una estrategia integral del CJ para evitar que expedientes disciplinarios sean archivados sin cumplir los pasos legales establecidos, reforzando la transparencia, independencia y correcta administración de justicia.
