Gestión de la Asociación de Personas Sordas de Imbabura impulsa capacitación en lengua de señas para servidores públicos

La Gobernación de Imbabura anunció el inicio de un proceso para fortalecer la inclusión de personas con discapacidad auditiva en las instituciones del Ejecutivo Desconcentrado de la provincia. La decisión fue abordada durante la más reciente reunión del Ejecutivo Desconcentrado, en la que las autoridades analizaron estrategias para reducir las brechas de desigualdad en el acceso a los servicios públicos.

 

Según informó la Gobernación, la iniciativa nació luego de un encuentro con representantes de la Asociación de Personas Sordas de Imbabura (APSI), quienes expusieron las dificultades que enfrenta esta población para acceder a una atención adecuada y a oportunidades laborales dentro de las entidades estatales.

 

Como primer paso, las instituciones del Gobierno Nacional en Imbabura pondrán en marcha un programa de capacitación en lengua de señas ecuatoriana dirigido a servidores públicos. El objetivo es mejorar la comunicación con las personas con discapacidad auditiva y brindar una atención más accesible e inclusiva.

 

Durante la reunión, las autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una administración pública que garantice igualdad de oportunidades y facilite la incorporación de ciudadanos con discapacidad auditiva dentro del talento humano de las instituciones.

 

«Buscamos reducir las brechas de desigualdad», manifestaron los funcionarios durante el encuentro, al destacar que la inclusión debe convertirse en un eje transversal de la gestión pública en la provincia.

 

La implementación de la capacitación en lengua de señas también busca fortalecer el cumplimiento de las políticas nacionales de inclusión y de los principios establecidos en la Constitución y en la normativa ecuatoriana sobre los derechos de las personas con discapacidad.

 

Con esta iniciativa, la Gobernación de Imbabura y las entidades que integran el Ejecutivo Desconcentrado pretenden avanzar hacia una atención pública más accesible, promoviendo una comunicación efectiva con la comunidad sorda y fomentando espacios laborales más inclusivos en las instituciones del Estado.

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